El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha solicitado al Ministerio de Sanidad que intervenga temporalmente los precios de determinados productos indicados en la protección del coronavirus, tanto en origen como sus precios de venta al público. Los expertos aseguran que es necesario para evitar así el incremento abusivo e injustificado que se ha producido en las últimas semanas, con graves repercusiones para la salud pública.

Así, se está observando en las farmacias tras el inicio de la pandemia por Covid-19,  que han visto como se producía un incremento abusivo en los precios ofertados por proveedores que normalmente no operan en el canal farmacéutico, de productos como geles hidroalcohólicos, mascarillas, y guantes, principalmente. Las denuncias, que han llegado de múltiples farmacias de toda España, se han remitido a las autoridades sanitarias, ya que además de generar un perjuicio para los ciudadanos por el elevado precio, provoca numerosos inconvenientes a los farmacéuticos y sucesivas quejas y falta de confianza de los usuarios en el servicio y atención que reciben.

Además, estas ofertas están realizadas por operadores desconocidos y sin las garantías que ofrecen los fabricantes y distribuidores farmacéuticos habituales. Esta situación es ajena a la farmacia que ha visto cómo, a medida que avanzaba la crisis y con partidas de productos incautadas, hay quien aprovecha este escenario para ofrecer estos productos de primera necesidad a precios extraordinariamente elevados.

El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar,  ha declarado que “los farmacéuticos, como profesionales sanitarios fieles a nuestros valores de ética y responsabilidad, queremos alertar a las autoridades competentes, para que tomen medidas sobre estas prácticas que perjudican a los ciudadanos y a los profesionales”.  La propuesta del Consejo General es que el Ministerio de Sanidad pueda intervenir temporalmente los precios de estos productos de salud que no son medicamentos ni productos sanitarios, a lo largo de toda la cadena, es decir, desde el origen hasta su venta al público, todo ello al amparo de las facultades de las que dispone actualmente el Gobierno tras declarar el estado de alarma.