Viernes, 09 de diciembre de 2022

Legislación24 de octubre, 2022

Varios expertos aseguran que la indexación de los contratos es clave para asegurar el acceso a la tecnología sanitaria

Fenin y Tecnología Sanitaria. Jornada en el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Durante el 28º Congreso de Derecho Sanitario se analizó el diseño de modelos de adquisición del sector, entre otros.

Fenin

La actual crisis de suministros y el incremento sin precedentes de los costes de producción hacen necesario tomar medidas que aseguren el acceso por profesionales y pacientes a tecnología y productos sanitarios de calidad. Entre ellas, la indexación de los contratos públicos, como así han señalado representantes de las administraciones sanitarias y juristas que han participado en la mesa redonda "Indexación de contratos de Tecnología Sanitaria" celebrada este 21 de octubre en el marco del 28º Congreso de Derecho Sanitario (20 y 21 de Octubre, en el Novotel Madrid Center) organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario, y que ha contado con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Falta de disponibilidad 

Como introducción al debate, Pablo Crespo, director de Operaciones de Fenin y moderador de esta mesa redonda, ha recordado que “la falta de disponibilidad de materias primas y componentes, así como el impacto del incremento de los costes en la actividad del Sector de Tecnología Sanitaria, están poniendo en jaque a sistemas de salud y proveedores y comprometiendo la viabilidad de muchos contratos públicos, por lo cual se hace necesario la toma de medidas urgentes”.

"La falta de materias primas y componentes están poniendo en jaque a sistemas de salud y proveedores y comprometiendo la viabilidad de muchos contratos públicos, por lo cual se hace necesario la toma de medidas urgentes”.

Precisamente, los participantes en esta mesa han analizado la idoneidad de adoptar cambios legislativos que faciliten la flexibilización (incrementos o decrementos) de los precios de los contratos, con el fin de adecuarlos a las variaciones de costes que se produzcan (indexación).

La visión desde las administraciones ha sido aportada en este encuentro por María Blanco Campanero, gerente de Compras del Instituto Catalán de la Salud, y Vicente Fernández Gómez, responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud. En este sentido, María Blanco ha apuntado que “la legislación nacional debería ser modificada urgentemente para que todas las Comunidades Autónomas pudieran hacer frente de manera homogénea a la situación crítica de precios que las empresas del sector están planteando debido al contexto económico global”.

“La legislación nacional debería ser modificada urgentemente para que todas las Comunidades Autónomas pudieran hacer frente de manera homogénea a la situación crítica de precios que las empresas del Sector están planteando debido al contexto económico global”.

Por su parte, Vicente Fernández Gómez ha expuesto que “es necesaria una reflexión profunda en referencia a la indexación de los contratos públicos, y, al igual que acontece con los contratos públicos de obras, deben valorarse medidas excepcionales que permitan afrontar con garantía, tanto a las instituciones sanitarias públicas como a las empresas, situaciones de incertidumbre como la actual”.

“Es necesaria una reflexión profunda en referencia a la indexación de los contratos públicos".

Mientras, Jorge Robles González, socio del despacho Cuatrecasas y especialista en contratación pública en el ámbito sanitario, ha llevado a cabo un análisis jurídico de la indexación de contratos públicos en España, así como de la normativa al respecto existente en otros países del entorno. Como balance, Robles ha manifestado que “la revisión de precios mediante indexación es una institución tradicional de nuestro derecho, fundamental en momentos de elevada inflación, tal y como están aplicando los países de nuestro entorno”.

Plan de choque 

La indexación de contratos públicos en el Sector de Tecnología Sanitaria analizada en esta mesa del 28º Congreso de Derecho Sanitario forma parte del plan de choque que las compañías solicitan a las administraciones para asegurar el equilibrio económico-financiero de los mismos y, por ende, garantizar el acceso de profesionales y pacientes a productos sanitarios de calidad que son vitales para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Todo ello, mientras continúan trabajando para minimizar el impacto de la crisis en la sociedad.

“La revisión de precios mediante indexación es una institución tradicional de nuestro derecho, fundamental en momentos de elevada inflación, tal y como están aplicando los países de nuestro entorno”.

Este paquete de medidas planteado por la industria de Tecnología Sanitaria también incluye la petición de priorizar el aprovisionamiento en sectores esenciales para la sociedad, como el sanitario, o la no imposición de penalizaciones a las empresas por aquellos retrasos en los plazos de entrega que tengan como causa la falta de disponibilidad de materias primas y componentes.




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