El verano llega a su fin, con sus excesos y carencias atípicas de esta etapa truculenta a la que nos ha derivado el Covid-19. No cabe duda de que nos hemos relajado de más abocando a nuestro sistema económico a un profundo abismo que ahora depende de un otoño incierto.

Las autoridades sanitarias no dejan de aludir a la tan necesaria “regla de las 3 M” (mascarilla, mantener distancia y lavado de manos). Una apelación a la conciencia ciudadana con nemotécnicas y agresivas campañas de concienciación tan justificable como tardía. Sin embargo, desde la patronal que presido no me queda más remedio que recordarles de vuelta a nuestros políticos otros tres pilares sobre los que ellos -y no la ciudadanía- no parecen reparar… y me refiero, claro está, a la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.

Y es que, de promulgarse un nuevo Estado de Alarma como el vivido en los últimos meses, con un confinamiento similar al de la pasada primavera, lo insostenible de la situación provocaría daños irreparables en dicho “tridente” del Estado del Bienestar con reformas estructurales carentes de soluciones.

La crónica de la pandemia cuenta con nubes negras y aunque Europa ha vuelto a hacer de “hermano mayor” para la preservación de los recursos sanitarios, ya sean públicos o privados, no todos los países han conseguido limitar el desastre epidemiológico. Sin embargo, la colaboración público-privada ha jugado un papel vital en las situaciones de emergencia vividas en las naciones vecinas.

Por ello, las ayudas y compensaciones a la sanidad privada por parte de sus Gobiernos no han tardado en cobrar forma. En Francia, por ejemplo, se ha facilitado a los hospitales privados el pago equivalente al año anterior. Algo similar ocurre en Italia, donde se paga una tarifa especial a los hospitales que reciben pacientes con Covid-19. En Alemania, el Gobierno federal ha aprobado paquetes legislativos para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados. En Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación, otorgando a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus.

No son pocas las fórmulas que podían haber servido de ejemplo a nuestro país tras una colaboración con la salud pública que ha convertido al sector empresarial de provisión sanitaria en un recurso estratégico. No obstante, la sanidad privada española continua sin acuerdos en la práctica totalidad del territorio, con el riesgo de cierre de más de 2.400 centros en toda España y una maltrecha capacidad financiera de los grandes grupos.

Será que la estabilidad, la certeza jurídica y la garantía de cobertura para frenar la pandemia no son dignas como reclamo para una “regla de las 3C” según nuestros gobernantes…

El estrés asistencial se acerca, el Sistema Nacional de Salud (SNS) nos necesita y la salud de nuestros ciudadanos sigue en jaque mientras la supervivencia de los centros privados se apaga en una lucha que debe ser conjunta. Nuestra mano está tendida, pero por el momento solo hemos recibido el codo.