No ser valiente a la hora de abordar los problemas, no buscar soluciones realistas y definitivas, evadir tu responsabilidad o dejar que una situación se deteriore tanto que llegue a un punto del que no hay ya retorno nunca ha sido una buena política. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con la Farmacia Rural y algunas de nuestras instituciones.

Aunque es obvio mencionarlo, nuestro modelo de planificación farmacéutica sólo tiene una justificación: lograr la universalidad en el acceso al medicamento o, dicho con otras palabras, hacer que se establezcan farmacias en aquellos lugares económicamente poco rentables (o, directamente, sin rentabilidad) para garantizar dicho acceso independientemente de dónde residan los pacientes. Es obvio mencionarlo, pero conviene recordarlo porque a más de uno parece habérsele olvidado cuál es el fin de esta planificación. Europa ya nos advirtió que esta regulación contravenía el artículo 43 de la UE y que se permitía, exclusivamente, para garantizar el abastecimiento de medicamentos a la población siempre y cuando se tomasen medidas congruentes y sistemáticas para alcanzar este objetivo.

En este contexto, es fácil darse cuenta de dos cosas: que la Farmacia Rural es esencial para mantener nuestro modelo farmacéutico (no porque sus profesionales sean mejores o peores que el resto, sino porque son los que están garantizando la universalidad de la prestación farmacéutica en lugares en los que no existiría con cualquier otra forma de planificación) y que aquella sentencia no significaba "barra libre", sino que exigía que se tomaran medidas que garantizaran esta universalidad so riesgo de que nuestro modelo fuera declarado no conforme a la legislación europea.

Sería lógico que, ante esta situación, nuestras instituciones farmacéuticas hicieran todo lo posible para garantizar el futuro de las farmacias establecidas en las zonas más despobladas, desfavorecidas y deprimidas; que, al igual que han hecho otros países de nuestro entorno, tomaran medidas estructurales que evitaran el cierre de cada una de estas farmacias; que tuvieran como prioridad la defensa de la joya de la corona de un modelo farmacéutico que tanto beneficia a la mayoría; que tomaran la iniciativa y no dejaran esa (su) responsabilidad en manos de una Administración a la que poco le preocupa nuestra planificación; que apostaran sinceramente por una remuneración más acorde al valor y a la función de nuestra profesión (de toda) y no sólo de cara a la galería. En definitiva, que hicieran su trabajo.

¿Y qué se está haciendo? ¿Qué medidas plantean nuestras instituciones para garantizar la tan manida capilaridad? De todas las posibles soluciones que existen, ¿por cuáles han optado? Por una: que cierren. Sí, como suena. La política a seguir es el paulatino cierre de las pequeñas farmacias rurales para su transformación en botiquines. ¿Esos establecimientos sanitarios de carácter excepcional, como recoge nuestra legislación, que no garantizan la equidad de nuestros pacientes? Sí. ¿Esos establecimientos que, en palabras del presidente de REDR en el Congreso de los Diputados, no es lo que necesita el medio rural? Sí. Se ha optado por cerrar los ojos y dejar que la situación se resuelva sola. O que estalle.

Y, mientras, todos estos compañeros ejercientes en el medio rural, que están realizando una labor social y sanitaria de quitarse el sombrero en una condiciones personales y laborales intolerables, a los que se les ha cargado sobre su espalda todo el peso del mantenimiento de un modelo de planificación del que, en la práctica, no se benefician en ningún modo, han tenido un comportamiento ejemplar y, sin lugar a dudas, leal con el resto de la profesión. Pero, ante el cada vez más acelerado cierre de farmacias rurales, ante la falta de relevo generacional, ante la pérdida de nuestra capilaridad a pasos agigantados, ante el maltrato al que se somete a nuestros pacientes, ante la falta de una apuesta sincera por la vertiente asistencial de nuestra profesión, la Farmacia Rural ha dicho "se acabó". No más palabras, no más palmadas en la espalda, no más dilaciones, no más declaraciones públicas de apoyo desmentidas en privado. Y, pase lo que pase a partir de ahora, no será la Farmacia Rural la responsable (faltaría más) de las consecuencias sino aquellos que tuvieron que haber tomado medidas y ejercido su liderazgo para solucionar los problemas.

Las profesiones han de evolucionar y han de dar una respuesta efectiva ante los retos que se van presentando (reto demográfico, desabastecimientos, sobrecarga de la Atención Primaria). No hacer nada siempre acarrea consecuencias.